La normativa de prevención de riesgos laborales fue, hasta la transposición de la Directiva Marco, un ordenamiento de aplicación exclusiva al ámbito de las relaciones jurídico-laborales del Estatuto de los Trabajadores. La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 a los empleados públicos, cualquiera que fuera su estatuto jurídico, fue justamente la modificación cualitativa más relevante de esa Ley.
Las responsabilidades de las Administraciones Públicas derivadas de la ampliación del ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales son consecuencia de la aplicación de ese régimen jurídico a las Administraciones Públicas. Esta obra es un manual integrado de gestión preventiva y de exigencia de responsabilidades en el ámbito de los Entes Públicos. Incluye un repertorio sistemático de obligaciones específicas de los órganos administrativos y la delimitación de los posibles incumplimientos que dan lugar a responsabilidades de los órganos, sus titulares y los empleados públicos. Se inicia con el análisis generalista del sistema específico de prevención de riesgos laborales aplicable a los Entes Públicos y su personal, con una descripción crítica de los aspectos competenciales, organizativos y de gestión de esta función preventiva especial. Desde el análisis funcional, se establece el catálogo de obligaciones exigibles, el control de cumplimiento específico en las Administraciones Públicas y el cuadro de responsabilidades de riesgo o de resultados dañosos a los empleados públicos. Finalmente, se efectúa un estudio sistemático y minucioso del procedimiento de imputación de las responsabilidades a cada sujeto.
