Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de 1999 se ha iniciado una nueva etapa en la construcción de la Unión Europea. Superados los retos del mercado interior y de la implantación del euro, es posible observar con mayor claridad que el proyecto europeo nos afecta directamente a todos y no sólo a los Estados miembros. Por ello, el funcionamiento de los poderes, el tipo de normas que aprueban el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, o las garantías que el ordenamiento comunitario ofrece a los ciudadanos europeos, entre otros temas, afectan cada vez más a la órbita de los intereses individuales y colectivos.
La Unión Europea es un sistema político singular que ha sido capaz de integrar a Estados soberanos que, sin embargo, comparten o han transferido sus poderes y competencias a las instituciones de la Unión en un grado que hubiera sido inimaginable hace pocas décadas. Pero no es un proyecto acabado ni cerrado, por lo que es necesario seguir reflexionando sobre el mismo, en particular ante la proyectada ampliación al Este europeo, que producirá una conmoción de efectos incalculables.
